Tras una serie de iniciativas a nivel nacional, ya sea a través de sus informes y memorandos, o de sus reiterados llamamientos al gobierno marroquí para que vote a favor de la resolución de la ONU sobre la abolición de la pena de muerte, la presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amina Bouayach, encabeza esta semana los esfuerzos en Naciones Unidas para arrojar luz sobre la experiencia marroquí a favor de la abolición de la pena de muerte y la evolución de las disposiciones destinadas a proteger el derecho a la vida, así como sobre el dinamismo de la sociedad civil que aboga por la abolición de la pena de muerte y el fomento del voto de Marruecos sobre la Resolución de las Naciones Unidas para una moratoria del uso de la aplicación de la pena de muerte.

Es en este marco que la presidenta del CNDH participó el 21 de octubre de 2022 en un encuentro internacional organizado en la sede de Naciones Unidas, en el que participan representaciones diplomáticas, expertos y defensores de derechos humanos. el CNDH participó, por invitación suya, en esta reunión, organizada por la organización “Juntos contra la Pena de Muerte (ECPM)”, y apoyada por los facilitadores, quienes lideran las consultas sobre la resolución de la ONU (Australia y Costa Rica), así como la Unión Europea y la representación de Francia en Nueva York.

“El derecho a la vida es el primer derecho de todo ser humano. La ley protege este derecho”. No sólo no hay excepción a este derecho sino que, además, el legislador, el magistrado, tiene la obligación constitucional de protegerlo de cualquier vulneración o infracción. Entonces, en Marruecos, aplicar la pena de muerte es inconstitucional. La constitución refleja la voluntad y la elección de casi 40 millones de personas en un territorio que se extiende sobre más de 712.000 km2”, dijo la Sra. Bouaych durante este encuentro.

En esta ocasión, la Sra. Amina Bouayach reiteró, en nombre del movimiento abolicionista marroquí, la necesidad y la urgencia de votar a favor de la resolución de la moratoria universal, sin dejar de actuar para romper con la confusión y vacilación del legislador, durante el próximo debate sobre la reforma del código penal, para defender la primacía del derecho a la vida. "El papel primordial del Estado es proteger a sus ciudadanos contra toda violencia y violación de la ley suprema, el derecho a la vida, cualesquiera que sean las circunstancias o los motivos", dijo.

En este marco, la Sra. Amina Bouayach recordó que “Marruecos observa una moratoria de facto desde 1993; la pena de muerte, por lo tanto, no se aplica desde hace 30 años, sin que esto se traduzca en una votación en la Asamblea General de la ONU”, concluyó.