Contexto general de la observación del referéndum

La observación del referéndum constitucional del 1er de julio fue organizada conforme al artículo 25 del Dahir (decreto real) de la creación del Consejo nacional de derechos humanos, emitido con fecha del 1er de marzo del 2011. Este nuevo dahir confiere al Consejo la misión de la observación de las elecciones, vista la estrecha relación entre la observación del proceso electoral y la construcción democrática, basándose en los principios de derechos humanos y las libertades previstas en la Constitución, en particular aquellas relativas a la libertad de opinión, expresión, integridad y transparencia del proceso electoral, en función de la acumulación lograda por el Consejo consultivo de derechos humanos, a través la observación de las elecciones legislativas del 2007, así como las elecciones comunales del 2009.

Vistas las limitaciones objetivas y subjetivas relacionadas con la incompleta estructura del CNDH, el limitado plazo otorgado y la falta de recursos humanos disponibles, el Consejo decidió, en esta tercera experiencia en materia de la observación, centrarse en el aspecto cualitativo. Por lo tanto, se constituyo un mecanismo dotado de todos los recursos humanos y materiales necesarios, además de la adopción de todas las medidas apropiadas que exija la observación.

El Consejo, conforme al artículo 21 del dahir de su creación, procedió a la coordinación de la observación de los 184 observadores pertenecientes al tejido asociativo y, que han cubierto 36 prefecturas y provincias, donde observaron el curso del escrutinio en 493 oficinas de voto.

La observación del referéndum tuvo como objetivo general llevar a cabo una evaluación objetiva e íntegra del referéndum, en todas sus fases, incluso la campaña, el voto, el censo de votos y la declaración de los resultados. Esta observación tuvo también objetivos parciales que consisten en velar por el refuerzo de la confianza y la consolidación de la verdadera ciudadanía, el fomento de la participación y la aceptación de los resultados, la consolidación del respecto de la voluntad de los ciudadanos y su posición y garantizar sus derechos y libertades en todas las fases de este proceso, además de velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes pertinentes en este campo.