Amina Bouayach, presidenta de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), advirtió de los riesgos que puede entrañar el uso irresponsable y contrario a la ética de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, especialmente en lo que respecta a la privacidad, la igualdad y el derecho a acceder a información fiable.

En su intervención durante una conferencia internacional sobre los derechos humanos en la era digital y la inteligencia artificial, celebrada el 14 de octubre de 2026 en Atenas, capital de Grecia, Bouayach afirmó que, pese a las oportunidades que ofrece el desarrollo tecnológico para mejorar la vida de las personas y facilitar el acceso a los servicios, también puede menoscabar las libertades y profundizar las formas de discriminación existentes.

Sra Bouayach puso de relieve varios desafíos derivados de la creciente expansión de las tecnologías digitales, entre ellos, la desinformación, que puede influir en el debate público; los deepfakes, que dificultan cada vez más la distinción entre contenidos auténticos y contenidos manipulados o generados artificialmente; y los algoritmos sesgados, que pueden reproducir distintas formas de discriminación.

Asimismo, la presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos alertó sobre los riesgos asociados al uso indebido de las tecnologías de reconocimiento facial. Subrayó que la protección de los derechos humanos no debe limitarse a los resultados finales de la utilización de la tecnología, sino que ha de abarcar todas las etapas del diseño, desarrollo, despliegue y utilización de los sistemas digitales.

Bouayach también hizo hincapié en la dimensión humana del trabajo relacionado con estos sistemas y señaló la necesidad de proteger a las personas que contribuyen a su entrenamiento y funcionamiento, incluidos quienes trabajan en la moderación de contenidos y el etiquetado de datos en distintas regiones del mundo, garantizando el respeto de su dignidad y sus derechos.

A juicio de Bouayach, aprovechar el potencial de la inteligencia artificial exige establecer garantías claras que impidan que esta se convierta en un instrumento para ampliar las desigualdades o menoscabar las libertades fundamentales, así como disponer de mecanismos eficaces de rendición de cuentas y reparación frente a los daños que puedan sufrir las personas.

En este sentido, Bouayach insistió en la importancia de someter los sistemas de inteligencia artificial a evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y de seguir supervisando sus efectos a lo largo de todo su ciclo de vida. Asimismo, destacó la necesidad de estar preparados para reconsiderar su utilización cuando los riesgos graves que entrañan no puedan controlarse adecuadamente.

Este debate vuelve a plantear una cuestión fundamental sobre el futuro de la relación entre las personas y la tecnología: ¿cómo aprovechar los avances digitales e impulsar la innovación sin que ello se produzca a expensas de la privacidad, la igualdad y la dignidad humana?