El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publica su informe temático sobre las protestas en Jerada.

La publicación de este informe se inscribe en el marco de las prerrogativas del Consejo como institución nacional pluralista e independiente, encargada de tratar todas las cuestiones relativas a la defensa y protección de los derechos humanos y las libertades, la garantía de su pleno ejercicio y su promoción, así como la preservación de la dignidad, los derechos y las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos.

También se inscribe en el marco de la puesta en marcha de los  artículos 4 y 5 de la Ley 76-15 relativa a la reorganización del CNDH, particularmente en las áreas de seguimiento, monitoreo de la situación de derechos humanos a nivel nacional y regional.

Adoptado por unanimidad por la Asamblea General del Consejo, celebrada del 6 al 8 de marzo de 2020, este informe tiene como objetivo observar, monitorear y documentar estos hechos y evaluar sus impactos sobre los derechos y libertades, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Marruecos y las garantías previstas por la Constitución y la legislación nacional.

También pretende, por un lado, presentar propuestas basadas en el enfoque de derechos humanos que ayuden a resolver las cuestiones relacionadas con las reivindicaciones expresadas durante las protestas en Jerada y, por otro lado, aprender las lecciones y evitar que vuelvan a ocurrir en contextos similares.

En la introducción del informe, la Presidenta del CNDH, sra. Amina Bouayach, destaca que “las protestas ocurridas en Jerada, una de las localidades dependientes de la actividad minera, constituyen una de las manifestaciones de la problemática en la transición de la fase minera a la fase posterior al agotamiento de los recursos. Esta debería haber sido una oportunidad para reflexionar sobre el desarrollo de una estrategia nacional anticipatoria que tiene como objetivo abordar las transformaciones económicas, sociales y ambientales en la ciudad de Jerada y las regiones que registran una situación similar, etc.".

La Sra. Bouayach agrega que “el CNDH llama la atención sobre la necesidad de adoptar una estrategia basada en la alerta temprana y rápida de las violaciones de los derechos económicos y sociales, teniendo en cuenta las consecuencias que podrían derivarse de las mismas y lo que a veces puede generar tensiones sociales. La acción proactiva y rápida es de particular importancia, particularmente para asegurar que se implementen las medidas preventivas apropiadas para proteger la paz civil".

Elaborado entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, el informe sobre las protestas de Jerada, al que la Comisión Regional de Derechos Humanos de la Región Oriental hizo un fuerte aporte, presenta todos los datos de que dispone el Consejo, en particular los relativos a la observación de los juicios, el monitoreo, el seguimiento y la interacción con las autoridades interesadas, la sociedad civil y las categorías afectadas.

El informe presenta así 29 conclusiones y 36 recomendaciones formuladas a partir del enfoque de derechos humanos, y el seguimiento y monitoreo que realiza la CRDH en la región Oriental de las diversas formas de manifestaciones y protestas que conoció la ciudad de Jerada, así como a partir del seguimiento por parte del Consejo de las protestas y reivindicaciones de la población.

Las recomendaciones emitidas por el Consejo se dividen entre recomendaciones de carácter general y recomendaciones de carácter específico dirigidas a las autoridades públicas, el parlamento y la región del Oriental, además de las recomendaciones relativas a la observación de los juicios de las personas procesadas en relación con las protestas de Jerada.

Estas recomendaciones incluyen el llamado al respeto del derecho a la manifestación pacífica y el uso de la interpretación basada en los derechos humanos, independientemente de la disponibilidad de la declaración o notificación, y al desarrollo de directrices para la supervisión de la intervención de las fuerzas públicas en este ámbito.

El Consejo también llama la atención sobre la necesidad de abrir un diálogo nacional sobre la cuestión de las empresas y los derechos humanos y de acelerar la adopción de un plan nacional en este ámbito, en el marco de la puesta en marcha de las disposiciones del Plan de Acción Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos, de conformidad con las disposiciones constitucionales pertinentes y los principios rectores de las Naciones Unidas relacionados con las empresas y los derechos humanos.